Programas de compliance: aliados de las empresas para brindar confianza, evitar pérdidas financieras y daños a la reputación
Programas de cumplimiento son como un seguro para las organizaciones, ya que potencia posibilidades de crear alianzas con terceros por calidad de confianza y credibilidad.
Toda persona jurídica, empresa privada, pública, fundaciones, entre otros pueden ser sancionados si están involucrados en casos de corrupción.
La forma correcta para prevenir y controlar que se produzcan los delitos de corrupción es mediante un programa de Compliance Penal, los cuales son mecanismos que se implementan a diversas áreas de las organizaciones con el objetivo de evitar que se materialicen los riesgos de corrupción y parámetros de tipo ético.
La incorporación de estos mecanismos les permite a las empresas prevenir y controlar que no se están llevando a cabo a lo interno y externo de su organización conductas ilícitas en el ejercicio de su actividad, así como comprobar que son organizaciones alineadas a la integridad corporativa con un alto respeto hacia la legalidad, que rechazan hacer negocios, alianzas o involucrarse con terceros que no compartan esta forma de hacer negocios.
“Para construir y liderar un marco de cumplimiento y transparencia en las empresas se necesita una buena estructura en la gobernanza de la organización donde exista igualdad, transparencia e independencia al momento de regular a la alta dirección”, enfatizó Dayanna Zúñiga, Coordinadora del Departamento de Compliance de Nassar Abogados.
Como parte de los procesos de implementación de un programa de Compliance dentro de una empresa en primer lugar se debe crear un equipo que se encargue de realizar un análisis de riesgos, definir protocolos, elaboración de un Código Ético, implantación de canal de denuncias interno, auditoria y seguimiento, entre otros aspectos.
“El programa es como un seguro para las organizaciones, porque brinda protección y disminución en la materialización de riesgos por incumplimientos normativos y regulatorios, brinda credibilidad y confianza a terceros interesados, y evita pérdidas financieras y daños a la reputación”, destacó la especialista.
Aspectos relevantes de la Ley 9699 y reglamento. Desde el 2017 en el país se da la adhesión a la convención anticohecho, en el cual se asume el compromiso de legislar para mejorar las herramientas y tener una gobernanza más sólida. Razón por la cual en el 2019 se establece la Ley 9699 que introduce la responsabilidad penal de personas jurídicas por delitos de corrupción con base en diversos supuestos que dan pie a sanciones como multa, inhabilitación, cancelación de permisos, entre otros.
Esta ley es aplicable para toda persona jurídica nacionales y extranjeras con actividades en Costa Rica, empresas del sector público, empresas privadas, públicas estatales, no estatales, asociaciones, fundaciones e instituciones autónomas vinculadas con relaciones comerciales internacionales.
En su artículo dos obliga a la prevención y control de que se comentan los delitos de corrupción tanto a nivel externo como interno de la organización.
Según su artículo 11 las penas aplicables a las personas jurídicas son las siguientes:
En todos los delitos aplicables siempre se impondrá una sanción de multa de mil hasta diez mil salarios base, con excepción de las empresas contempladas en el artículo 10, a las cuales se les impondrá una sanción de multa de treinta a doscientos salarios base.
Pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales de los que goce, por un plazo de tres a diez años.
Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar o participar en concursos o licitaciones públicas o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, por un plazo de tres a diez años.
Anulación para gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social, por un plazo de tres a diez años.
Cancelación total o parcial del permiso de operación o funcionamiento, las concesiones o contrataciones obtenidas producto del delito.
Disolución de la persona jurídica, esta sanción solo podrá aplicarse si la persona jurídica hubiera sido creada al solo efecto de la comisión del delito o si la comisión de delitos constituye su principal actividad.
“Las empresas deben ir más allá de tener el Compliance en el papel, se debe implementar la integridad corporativa, tener una alta dirección comprometida, desde los estatutos de las empresas o el plan estratégico las altas gerencias deben ser claras en su mensaje de tolerancia cero a la corrupción, cumplimiento y prevención de estos hechos, así como los recursos humanos y financieros para lograr este cumplimiento” destacó Zúñiga.
Requisitos mínimos para implementar un Programa de Compliance. Actualmente existen 20 requisitos aproximadamente que indica el modelo de Compliance.
Según la experta, las organizaciones deben analizar cada requisito, diagnosticar e identificar las actividades de la persona jurídica y medir el nivel de riesgo de comisión de los delitos de corrupción, todo esto para conocer el grado de cumplimiento de Compliance y los ajustes que se deben realizar.
Dichos requisitos tienen que tomar algunos criterios del país, como el sector en que se desarrolla la empresa, asociados o socios de negocios, actividad comercial y el grado de interacción con el sector público. Si son empresas con casas matrices fuera del país, se debe verificar que se ajuste a la jurisdicción local.
Asimismo, se está trabajando para que estos programas de las instituciones puedan ser registrados ante el Ministerio de Justicia y Paz, para lo cual se debe cumplir a cabalidad con la ley y su reglamento.